Garantía de Justicia

El Parlamento Europeo ha contribuido a desarrollar los derechos de las personas sospechosas o acusadas en procesos penales de modo que tengan las mismas garantías procesales mínimas en todos los Estados miembros.

La legislación de la Unión presta especial atención a grupos concretos de víctimas como los menores, las víctimas de trata de seres humanos o las víctimas del terrorismo. Acceso a los contenidos de la página pulse en "Entrada" Acceso directo al listado de idiomas pulsar «Enter» Acceso directo al menú de búsqueda pulsar «Enter» Cambiar la lengua de navegación BG - български ES - español CS - čeština DA - dansk DE - Deutsch ET - eesti keel EL - ελληνικά EN - English FR - français GA - Gaeilge HR - hrvatski IT - italiano LV - latviešu valoda LT - lietuvių kalba HU - magyar MT - Malti NL - Nederlands PL - polski PT - português RO - română SK - slovenčina SL - slovenščina FI - suomi SV - svenska.

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Garantizar el acceso a la justicia. Debe respetarse el principio de presunción de inocencia , y los sospechosos o acusados han de poder entender lo que está ocurriendo en el proceso penal y tienen derecho a interpretación y traducción.

Asimismo, deben ser informados de sus derechos cuando comparecen ante la justicia y han de tener acceso a un abogado. Debe facilitarse asistencia jurídica a aquellas personas que no dispongan de recursos suficientes.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá contar con la cooperación técnica de organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral. El patrimonio de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará constituido por:.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos deberá implementar mecanismos dirigidos a facilitar la participación de todos los sectores de la sociedad en el cumplimiento de su mandato.

Todas las personas naturales y jurídicas, incluyendo todos los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal y Municipal están obligados a prestar la colaboración que les sea requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva para el cumplimiento de su mandato.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos o su Secretaría Ejecutiva podrán acceder a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

Los servidores públicos y servidoras públicas están obligados y obligadas a dar acceso y a suministrar, en forma preferente y urgente, las copias de todo documento que sean solicitadas por la Comisión o su Secretaría Ejecutiva.

Cuando por disposición legal la información solicitada deba mantenerse en reserva, la Comisión y su Secretaría Ejecutiva quedarán obligada a mantener la reserva, no pudiendo difundir o hacer pública la información, sirviéndole únicamente como elemento para cumplir con su mandato.

La negativa de la servidora pública o servidor público a permitir el acceso y suministrar la información requerida por la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será considerada como causal de destitución.

Con el objeto de garantizar la confidencialidad de las fuentes, así como la seguridad de las víctimas, posibles responsables y testigos, las actuaciones y documentos de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tendrán carácter reservado frente a terceros.

Única: Dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de esta Ley, el Ejecutivo Nacional dispondrá los recursos necesarios para la instalación y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

Única: Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

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Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos. Descargar Ver Completo. PROYECTO DE LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela asume los derechos humanos como un eje central, consagrando el respeto de tales derechos como un valor superior del ordenamiento jurídico y de la actuación del Estado.

Cinco de los integrantes de la Comisión son escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia de derechos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribe su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.

Finalidad Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad: Promover el respeto, garantía y protección de los derechos humanos de todas las personas, en condiciones de igualdad y sin discriminación ante la ley penal. Contribuir a asegurar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas de delitos contra los derechos humanos.

Impulsar la atención integral y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Velar por el establecimiento de las responsabilidades a que hubiere lugar por delitos contra los derechos humanos. Realizar estudios y evaluaciones que permitan el mejor cumplimiento de su objeto.

Coadyuvar para que la actuación de los órganos del sistema de justicia se desarrolle con estricto apego a los valores, principios y derechos humanos reconocidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República.

Principios Artículo 3. Orden público e interpretación Artículo 4. En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos Imprescriptibilidad Artículo 5.

CAPÍTULO II COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos Artículo 6.

Funciones Artículo 7. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene como funciones: Realizar un levantamiento de los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia para la investigación y sanción de las violaciones de derechos humanos.

Hacer seguimiento a las investigaciones y procesos del sistema de justicia en relación con las violaciones de derechos humanos, y formular las recomendaciones pertinentes para garantizar justicia. Velar por el otorgamiento de medidas de atención integral y reparación a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, de conformidad con la ley especial que regule la materia.

Realizar estudios orientados a la identificación y conocimiento científico sobre las causas, condicionantes y dinámicas involucradas en el funcionamiento del sistema de justicia en relación con la investigación y sanción de los delitos contra los derechos humanos.

Recomendar reformas y medidas orientadas al fortalecimiento del respeto y garantía de los derechos humanos y al mejor funcionamiento del sistema de justicia, haciendo seguimiento a su implementación. Desarrollar espacios de diálogo e intercambio con las organizaciones y movimientos sociales, así como con expertos nacionales e internacionales, en relación con el cumplimiento de su mandato.

Establecer mecanismos de comunicación y cooperación técnica con organizaciones internacionales públicas, de carácter multilateral. Dictar su Reglamento Interno y demás actos jurídicos necesarios para el cumplimiento de su mandato. Mandato Artículo 8. Alcance de las recomendaciones Artículo 9.

Composición Artículo La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados, designada y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los siguientes criterios: Tres personas designadas por su destacada trayectoria en materia de derechos humanos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad.

Dos integrantes de organizaciones y movimientos de defensa de los derechos humanos, con amplia trayectoria en la materia. Dos diputadas o diputados de la Asamblea Nacional. Naturaleza de los Comisionados y Comisionadas Artículo Secretaría Ejecutiva Artículo Atribuciones de la Secretaría Ejecutiva Artículo La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones: Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Comisión y su Presidenta o Presidente.

Acceder a cualquier archivo, registro o expediente llevado ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión o que así se hubiere indicado expresamente a la Secretaría Ejecutiva.

Además, podrá recabar las copias simples o certificadas de los documentos incluyendo los confidenciales o secretos. En lo posible se hará uso de medios tecnológicos verificables. Realizar visitas e inspecciones en lugares señalados por la Comisión o su Presidenta o Presidente. Asimismo, podrá realizar las diligencias que resulten necesarias y urgentes para el cumplimiento de su mandato, en cuyo caso deberá informar al Presidenta o Presidente de la Comisión.

Las autoridades facilitarán el apoyo a tales fines. Estudiar y analizar los procesos desarrollados en los órganos del sistema de justicia, en particular órganos de investigación penal, la Fiscalía General de la República y el poder judicial a fin de establecer la investigación y definición de las responsabilidades a que hubiere lugar en ocasión de las violaciones de derechos humanos.

Requerir y acceder, sin reservas, a cualquier información que la Comisión estime necesaria para el cumplimiento de sus fines. Realizar estudios acordados por la Comisión o su Presidenta o Presidente en relación con sus funciones. Planificar, coordinar, controlar y dirigir la logística, administrativa, presupuestaria y de gestión humana de la Comisión.

Las demás establecidas en el reglamento interno de la Comisión. Asesoría Técnica y cooperación internacional Artículo Patrimonio Artículo El patrimonio de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará constituido por: Los recursos que le sean asignados presupuestariamente para el Ejercicio Fiscal correspondiente y los recursos extraordinarios que le acuerde el Ejecutivo Nacional.

Los bienes que, para el cumplimiento de sus fines, le sean transferidos por la República o sus entes. Las donaciones que se hagan a su favor. Cualquier otro ingreso permitido por la ley. Participación ciudadana Artículo Deber de colaboración Artículo Acceso a la información sin reservas Artículo

La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten

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El Tribunal de Justicia: Garantía de los derechos de los consumidores de la UE

Garantía de Justicia - 1. Adm., Const., Proc. Intervención de los jueces y tribunales como mecanismo para garantizar el cumplimiento de las leyes, especialmente el disfrute de un La Convención Americana instituye el derecho a una garantía judicial específica, destinada a proteger de manera efectiva a las personas frente a la La Convención Americana consagra en su artículo 8 el derecho a las garantías judiciales. En este sentido establece el derecho de toda persona a ser oída Conjunto de normas en la Constitución que aseguran el disfrute y libre ejercicio de los derechos humanos. En general son todos aquellos medios que permiten

En el segundo capítulo, se regula la composición y funcionamiento de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos.

En tal sentido, se plantea una Comisión integrada por siete comisionadas y comisionados, designadas y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

Cinco de los integrantes de la Comisión son escogidos a partir de su labor en organizaciones de derechos humanos, su trayectoria en la materia de derechos y su acreditada capacidad profesional, ética e integridad. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribe su mandato a las violaciones graves de los derechos humanos, a saber, todos aquellos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los tratados internacionales aplicables.

La Comisión que se crea en esta ley no sustituye a los órganos del sistema justicia en el ejercicio de sus atribuciones y competencias constitucionales. La función de la Comisión es de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, en virtud de lo cual la implementación de sus recomendaciones no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Para garantizar el logro de los objetivos planteados, el proyecto ley prevé que la Comisión cuente con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y dispondrá del personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Su organización y funcionamiento será regulada por el Reglamento Interno que se dicte a tal efecto. La Secretaría Ejecutiva, entre otras cosas, podrá acceder a cualquier archivo, registro o expediente llevado ante órganos policiales o de seguridad, del Ministerio Público, del Poder judicial o del sistema de justicia, contentivo de información relacionada con el mandato de la Comisión.

Asimismo, se prevé que la Comisión pueda contar con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales de reconocido prestigio y con credenciales académicas pertinentes, así como destacadas figuras internacionales con experiencia o vinculación en estos temas, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Finalmente, en el proyecto de ley se incorporan dos mecanismos importantes para asegurar que la Comisión pueda cumplir adecuadamente con su mandato.

Por una parte, se establece el deber de colaboración de todas las autoridades pública con la Comisión y, por la otra, se garantiza el acceso a toda la información y documentación contenida en informes, expedientes y documentos de cualquier índole, que sea requerida en el marco de sus funciones, sin que sea posible oponer reserva alguna.

LEY DE LA COMISIÓN PARA LA GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Artículo 1. Artículo 2. Esta ley tiene por finalidad:. Artículo 3. Esta Ley se fundamenta en los principios de universalidad, igualdad, indivisibilidad, interdependencia, progresividad, irrenunciabilidad, interculturalidad y corresponsabilidad de los derechos humanos.

A tal efecto, la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos cumplirá su función, guiándose por los principios de transparencia, gratuidad, brevedad, imparcialidad, independencia y rendición de cuentas.

Artículo 4. Las disposiciones de esta Ley son de estricto orden público e interés general. En caso de dudas en la interpretación de las disposiciones de esta Ley prevalecerá la que más favorezca al respeto, garantía y protección de los derechos humanos.

Artículo 5. Las acciones judiciales para establecer la responsabilidad penal de los delitos contra los derechos humanos son imprescriptibles. Los delitos contra los derechos humanos serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios y queda excluida toda forma de obstaculización u obstrucción que facilite la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía.

COMISIÓN DE GARANTÍA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS CONTRA LOS DERECHOS HUMANOS. Comisión de Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos. Artículo 6. Se crea la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos, como un ente con personalidad jurídica propia, autonomía funcional administrativa y presupuestaria, adscrito al Consejo Moral Republicano, órgano constitucional del Poder Ciudadano.

La Comisión iniciará su ejercicio a partir de su instalación y tendrá un plazo de vigencia de dos años, prorrogables por la Asamblea Nacional. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos podrá denominarse alternativamente como Comisión de Justicia y Reparación.

Artículo 7. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene como funciones:. Artículo 8. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos circunscribirá su mandato a los presuntos delitos contra los derechos humanos que impliquen afectaciones a la vida, integridad personal física, psíquica y moral, libertad personal y libertad de conciencia, pensamiento y opinión, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Artículo 9. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene una función de seguimiento, estudio, evaluación, verificación y recomendación para reforzar la garantía de justicia y reparación, sin que sustituya las atribuciones y competencias propias del sistema de justicia.

La adopción de las recomendaciones de la Comisión por parte de los órganos del sistema de justicia, no exime del necesario cumplimiento del debido proceso y del ejercicio pleno al derecho de la defensa que asiste a cualquier persona conforme a la Constitución y las leyes.

Artículo La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos estará integrada por siete comisionadas y comisionados, designada y designados por la Asamblea Nacional, con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los siguientes criterios:.

La Presidenta o Presidente de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos será elegida o elegido por la Asamblea Nacional, entre las personas designadas en el numeral 1 de este artículo.

Las y los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos desempeñarán sus funciones de Estado con carácter ad honorem, sin perjuicio de las dietas que correspondan por su participación en las actividades de la Comisión.

Los integrantes de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de inmunidad y demás prerrogativas en el ejercicio de sus funciones desde su juramentación y hasta seis meses siguiente s a la conclusión de su mandato. Igualmente, no están obligados a declarar, tanto en los procesos judiciales como en los procedimientos administrativos, respecto de las actuaciones realizadas en el cumplimiento del mandato atribuido a la Comisión.

La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con una Secretaría Ejecutiva que actuará como su instancia operativa y contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones.

La Secretaría Ejecutiva estará a cargo de una Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo que será designado fuera de su seno por la Asamblea Nacional.

La Secretaria Ejecutiva o Secretario Ejecutivo y todo el personal de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos gozarán de las mismas prerrogativas que los integrantes de la Comisión.

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos tiene las siguientes atribuciones:. La Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos contra los Derechos Humanos contará con el apoyo de asesores, asesoras, expertos y expertas internacionales designados por la Presidenta o Presidente de la Comisión, a fin de brindar asesoría especializada en función de los objetivos y finalidades establecidas.

Acceso a la Justicia. Nombre de usuario o correo electrónico Contraseña Recuérdame. Buscar por:. Buscar por: Nosotros El rincón de Alí El rincón de Laura Contacto. La CIDH ha sido informada de que --fundado en el aumento de la criminalidad en el paнs y de la exigencia social de que haya una mejor seguridad pъblica-- el gobierno ha hecho una serie de modificaciones jurнdicas para autorizar a las fuerzas armadas a intervenir en funciones propias de la autoridad civil, como son la seguridad pъblica y la persecuciуn de ciertos delitos.

Dicha autorizaciуn, conforme a la misma fuente, se dio confundiendo los conceptos de seguridad pъblica y seguridad nacional, cuando es indudable que la criminalidad ordinaria --por muy grave que sea-- no constituye una amenaza militar a la soberanнa del Estado.

En efecto, con la expediciуn de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pъblica, se articularon a todas las policнas preventivas y judiciales del paнs, en un sуlo mando.

En ese sentido se incorporу al Ejйrcito y la Armada, al Consejo Nacional de Seguridad Pъblica, organismo que define la polнtica en esta materia y articula criterios para realizar operativos policiales y militares, lo que permite que en ъltima instancia el mando policial quede en manos de las fuerzas armadas.

Durante la visita in loco a Mйxico, la Comisiуn recibiу diversas denuncias en las cuales se seсalan a las fuerzas armadas como responsables de detenciones arbitrarias, de realizar interrogatorios a los presuntos delincuentes y cateos sin orden judicial.

En este sentido, se debe seсalar que el artнculo 21 constitucional establece que incumbe exclusivamente al Ministerio Pъblico y a la Policнa Judicial la persecuciуn de los delitos. Asimismo, durante su visita la CIDH pudo constatar que en el estado de Guerrero la situaciуn se ha tornado particularmente grave, segъn relato de los pobladores, luego de la apariciуn del EPR el 28 de junio de De acuerdo a la informaciуn recibida, dicho hecho desatу una persecuciуn por parte de las fuerzas armadas en contra de lideres sociales de la regiуn.

Se informу que, bajo el pretexto de perseguir supuestos grupos armados, las poblaciones se ven sometidas a constantes rastreos por parte de las fuerzas armadas. Tambiйn pudo constatar la Comisiуn que muchas de las detenciones a presuntos miembros del EPR fueron realizadas por miembros del ejйrcito mexicano, y que algunos de los presuntos disidentes armadosfueron torturados constantemente para que confesaran su responsabilidad.

En este sentido, cabe seсalar que la CIDH se trasladу al Centro de Reclusiуn Social de la ciudad de Acapulco, donde conversу y examinу a ocho presuntos disidentes armadosy pudo verificar lo antes expuesto.

Igualmente, la CIDH recibiу informaciуn sobre la agudizaciуn de la presencia militar en otras zonas del paнs, principalmente en los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas e Hidalgo, y particularmente en zonas campesinas, en comunidades indнgenas, y otros lugares en los que la inconformidad social es marcada.

En tal sentido, la Comisiуn considera muy oportunas las apreciaciones formuladas el 12 de junio de por la titular de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, acerca de la situaciуn en Chiapas:. En este sentido, la CIDH destaca la importancia de que las fuerzas armadas mexicanas se destinen exclusivamente a ejercer las labores militares que les asigna la Constituciуn, sujetas estrictamente al control de la autoridad civil cuya competencia estб determinada por la Ley Suprema de Mйxico.

En virtud del anбlisis precedente, la CIDH formula al Estado mexicano las siguientes recomendaciones:.

Que continъe adoptando las medidas necesarias para el desarrollo del artнculo 21 de la Constituciуn Mexicana, a fin de hacer efectivas las garantнas judiciales y de protecciуn judicial consagradas en los artнculos 8 y 25 de la Convenciуn Americana. Que tome las medidas pertinentes con el fin de ejecutar, a la brevedad posible, las уrdenes de aprehensiуn que no hayan sido cumplidas en el curso de los procesos penales.

Que fortalezca la autonomнa e independencia del Ministerio Pъblico. Que revise la naturaleza jurнdica y las competencias de la Unidad de Coordinaciуn de la Seguridad Pъblica de la Naciуn.

Que limite la competencia del Ministerio Pъblico a funciones acordes a su naturaleza. Que mejore las condiciones de trabajo, de preparaciуn y las remuneraciones a los funcionarios del Ministerio Pъblico y de la Policнa Judicial.

Que establezca estrictos sistemas de selecciуn del personal del Ministerio Pъblico y de la Policнa Judicial, utilizando a tal efecto los parбmetros en vigor para la selecciуn de magistrados y funcionarios judiciales; y que brinde a los mismos, cursos de formaciуn tйcnica y en derechos humanos.

Que fortalezca la imparcialidad, independencia y autonomнa del Poder Judicial, dotбndolo de los recursos materiales y presupuestarios necesarios; y que adopte las reformas necesarias para garantizar la estabilidad de los jueces en Mйxico, estableciendo un rйgimen disciplinario propio en la ley.

Que tome las medidas necesarias para garantizar una justicia pronta, oportuna y expedita. Que fortalezca la carrera judicial, y realice concursos de oposiciуn para el nombramiento de jueces, evaluados por personas de alta autoridad moral y reconocida versaciуn en la materia.

Que revise el contenido de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pъblica, con el fin de mantener a las Fuerzas Armadas en el rol propio para el cual fueron creadas, de acuerdo a lo establecido por la legislaciуn internacional en la materia, en especial por el artнculo 27 de la Convenciуn Americana.

Que revise los procedimientos adoptados por las Fuerzas Armadas Nacionales, en los estados donde se han desplazado para enfrentar brotes de grupos armados disidentes, de acuerdo a lo establecido por la legislaciуn internacional en la materia, en especial por el artнculo 27 de la Convenciуn Americana.

CMPDH, La impunidad y la eficiencia policнaca , Junio de Idem at. En una de las diligencias para aprehenderlos se consignу:.

Los presuntos responsables Juan Herrera Falcуn, Ignacio Daniel Padilla Perйz, Jorge Pineda Gуmora y Adriбn Lуpez Reyes se encontraban comisionados en el Sector 6 de la Secretarнa General de protecciуn y Vialidad, en Iztapalapa.

Desempeсan el servicio de seguridad y vigilancia en la Penitenciarнa del Distrito Federal y en la Base Cartago. No ha sido posible su detenciуn debido al hermetismo que guardan las autoridades de dicha autoridad Luis de la Barreda Solуrzano, Una Conquista Irrenunciable , en los expedientes de la Comisiуn.

Avances y retos de la Naciуn , Mensaje del Presidente Ernesto Zedillo Ponce de Leуn al presentar su IV Informe de Gobierno ante la Naciуn, 1o. de setiembre de , pбg.

Artнculo 21 de la Constituciуn polнtica mexicana. Hйctor Fix Zamudio, "Presente y futuro constitucional del Organismo Judicial y del Ministerio Pъblico en Mйxico y Espaсa", en Las experiencias del proceso polнtico constitucional en Mйxico y Espaсa, UNAM, Mйxico, ; Sergio Garcнa Ramнrez, La acciуn en el proceso penal, en Revista de la Facultad de Derecho de Mйxico , Ver afirmaciуn y citas, en Hйctor Fix Zamudio, op.

Al referirse a dicha tesis jurisprudencial en los informes finales de los casos sobre la masacre de Aguas Blancas, y sobre el Ejido Morelia, la CIDH concluyу que la misma "constituye un avance positivo hacia la plena vigencia de los derechos consagrados en los artнculos 8 y 25 de la Convenciуn Americana".

No obstante, la CIDH observу que tal jurisprudencia no habнa sido aplicada a los casos mencionados, en virtud del artнculo A de la ley de amparo de dicho paнs, por lo que la recomendaciуn fue reiterada.

Artнculos del Cуdigo Penal Federal y del Cуdigo de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Comisiуn de Derechos Humanos del Distrito Federal, Propuesta para la reforma del Ministerio Pъblico , Mйxico, pбgina Informe de Gobierno citado, pбg.

CNDH, op. Cabe destacar que en su Informe citado supra, el Presidente de Mйxico destacу que el Gobierno invirtiу en seguridad pъblica 12 veces mбs que en , y que el programa en la materia "incluye acciones para llegar a tener buenos cuerpos de policнa. Cuerpos depurados, capacitados, con una carrera digna y prestaciones adecuadas.

Cuerpos con policнas honestos y eficaces". El Lic. Jorge Luis Rodrнguez Losa, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatбn, en octubre de reconociу la existencia de corrupciуn en el уrgano jurisdiccional del Estado, agregando que un juicio puede alargarse hasta 7 u 8 aсos.

En noviembre de el Lic. Evaristo Morales Huerta, presidente de la Federaciуn Nacional de Colegios de Abogados, hacнa notar la necesidad de represtigiar a la Suprema Corte de Justicia seсalando que sus resoluciones son mбs polнticas que jurнdicas puesto que existen miembros provenientes del бmbito polнtico y debe detenerse esta tendencia; circunstancia que coincide con la denuncia que hicieron miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quienes ademбs expresaron que se sentencia a inocentes para evitar sospechas de soborno Revista "Proceso" No.

Minnesota Advocates for Human Rights, Derechos Humanos y Poder Judicial en Mйxico , febrero de Comisiуn Mexicana de Defensa y Promociуn de los Derechos Humanos en Mйxico, Informe sobre situaciуn de los derechos humanos en Mйxico , Julio de LA IMPUNIDAD.

con base a la informaciуn recibida pudo percibir que la impunidad constituye aъn un problema grave a pesar que en algunos casos se ha procesado y separado de sus cargos a algunos funcionarios que han violado los derechos humanos. Los asesinatos de Monseсor Posadas, Luis Donaldo Colosio y Ruiz Massieu, que han impactado a la opiniуn pъblica nacional e internacional, continъan sin ser plenamente esclarecidos.

La CIDH seguirб insistiendo en la importancia esencial del combate contra la impunidad como requisito indispensable de la seguridad ciudadana, y como obligaciуn internacionalmente reconocida bajo el artнculo 1 de la Convenciуn Americana sobre Derechos Humanos.

En siete aсos ha recibido 58, quejas, ha emitido 1, "recomendaciones", de las cuales las da como "totalmente cumplidas", en vнas de cumplimiento" y 36 "pendientes de aceptaciуn". Sin embargo, la denominaciуn de "totalmente cumplidas" responde a un acuerdo administrativo de la CNDH y la autoridad responsable, sin que ello signifique necesariamente que se ha hecho justicia a la vнctima o que el daсo ha sido reparado.

Cabe recordar ademбs que el mandato de la CNDH y de las comisiones estatales no les otorgar una verdadera autonomнa, las incapacita para conocer de los derechos polнticos, laborales y jurisdiccionales de fondo, y sus recomendaciones no son vinculantes. Los catorce casos analizados comprendнan, cuando fueron formuladas las quejas, veintisйis уrdenes de aprehensiуn no cumplidas.

De йstas, sуlo dos fueron cumplidas durante el trбmite de las quejas Vivimos las consecuencias de leyes permisivas y reformas insuficientes; de aсos de negligencia, imprevisiуn y corrupciуn en las instituciones encargadas de procurar justicia; de la aplicaciуn de penas que en vez de castigar a los delincuentes, propician su impunidad y con ella su reincidencia.

En los casos en que el Ministerio Pъblico se abstiene de ejercer acciones penales, la CIDH ha podido verificar una situaciуn de incertidumbre jurнdica, sobre la utilizaciуn del artнculo 21 de la Constituciуn para ejercer un recurso jurisdiccional que permita controlar dicha inacciуn.

Para el establecimiento de responsabilidades efectivas, es esencial que haya claridad sobre el alcance del artнculo 21 de la Constituciуn y la posibilidad de su aplicaciуn efectiva en la prбctica.

Con la misma finalidad se invitarб a expertos, instituciones acadйmicas de investigaciуn y agrupaciones del sector social y privado relacionadas con la materia. la naturaleza jurнdica de la instituciуn del Ministerio Pъblico se ha visto afectada por el sistema presidencial, pues lejos de mantenerse esta Instituciуn en forma autуnoma en la prбctica se le ha convertido en una dependencia de la administraciуn pъblica, contrariamente a lo que establece la propia Constituciуn Mexicana.

a pesar de los requisitos que les son exigidos a los funcionarios para ocupar los cargos, lo cierto es que su preparaciуn no es la adecuada. La combinaciуn de una falta de conocimiento profundo del ordenamiento jurнdico vigente y la desidia en el trabajo imposibilitan que el rendimiento sea, en tйrminos generales, satisfactorio.

La falta de un sistema de control adecuado favorece que los asuntos se resuelvan a partir de una especie de conocimiento prбctico, de manera automбtica, sin considerar las particularidades de cada caso, lo que termina burocratizando el trabajo.

Esta burocratizaciуn tiene mucho que ver con la sobrecarga de trabajo, que impide que los agentes se involucren en los asuntos que atienden y, por lo tanto, inhibe su interйs investigador.

La Policнa Judicial. Indigna profundamente que policнas y agentes judiciales, en vez de prevenir, investigar, perseguir los delitos y proteger a la poblaciуn, sean delincuentes mбs crueles y peligrosos por la impunidad con que actъan.

Con toda honestidad, seсoras y seсores, debemos admitir que en la seguridad pъblica, los tres Poderes de la Uniуn y los tres уrdenes de Gobierno, le hemos fallado a la ciudadanнa. La ley establecerб las bases para la formaciуn y actualizaciуn de funcionarios, asн como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirб por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

sobre la base de su experiencia, desea llamar la atenciуn de las consecuencias de la utilizaciуn de las fuerzas armadas en funciones que ataсen a la seguridad ciudadana, pues la misma puede acarrear serias violaciones a los derechos humanos, en virtud de la naturaleza militar y entrenamiento de dichas fuerzas.

Una reducciуn de la presencia militar en la regiуn serнa un importante primer paso para restaurar la confianza de que una soluciуn pacнfica podrнa encontrarse.

Tambiйn contribuirнa a mejorar el clima actual de temor. Comisiуn Mexicana de Defensa y Promociуn de los Derechos Humanos CMPDH , Los Derechos Humanos en Mйxico, documento presentado a la CIDH, Serie Documentos No. INFORME SOBRE LA SITUACIУN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MЙXICO.

GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Juego para ganar premios de la Carrera Garantía de Justicia Derecho Teléfonos: Interno revistajuridicaderecho Justocia. Introduccion Con Oportunidades de Ganar Premios de la reforma constitucional en materia ee Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, Garajtía 10 Jusricia junio del Garantía de Justiciaen el Reglas de ruleta mexicano; se implemento a nivel constitucional, particularmente en el artículo primero; instituciones, principiosy criterios de interpretación, destacando, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, la Jusgicia de losconceptos de bloque de Garqntía y Jisticia la interpretación conforme, el principio pro persona y control convencional difuso exofficio. Nombre de usuario o correo electrónico Contraseña Recuérdame. En fin, la existencia de altos нndices de impunidad y las reiteradas denuncias de excesos cometidos por funcionarios del Estado, obligan a la CIDH a analizar el tema con un especial detenimiento. Impulsar la atención integral y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos. A nuestra consideración, partiendo de la nueva perspectiva de los derechos humanos, a partir de la reforma constitucional, definimos los derechos humanos, como:. Igualmente, en el comunicado emitido al final de la visita in loco realizada a Mйxico, la CIDH expresу que: En los casos en que el Ministerio Pъblico se abstiene de ejercer acciones penales, la CIDH ha podido verificar una situaciуn de incertidumbre jurнdica, sobre la utilizaciуn del artнculo 21 de la Constituciуn para ejercer un recurso jurisdiccional que permita controlar dicha inacciуn.

By Mokree

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